Desde hace varias décadas, organizaciones de todo tipo alrededor del mundo han venido trabajando de manera conjunta para combatir una preocupación generalizada que afecta la confianza y gobernanza en los países: la corrupción.

Y es que la corrupción no sólo tiene consecuencias aparentes sino efectos secundarios que van minando la capacidad de la economía de los países debido a la falta en la claridad en el sistema de competencia, la desconfianza en los esquemas de contratación y la desviación de los recursos públicos. Así mismo, el desarrollo de las economías se retrasa cuando la competencia por calidad en los productos y servicios es reemplazada por la competencia en dádivas y sobornos para lograr contratos.

De acuerdo con la metodología implementada por Transparencia Internacional para medir el Índice de Percepción de Corrupción (IPC) de los países, en una escala del 0 al 100, las puntuaciones más cercanas al cero (0) son otorgadas a aquellos países que, según encuestas y criterios de expertos, se encuentran más propensos a la corrupción, en tanto aquellos que se acercan al cien (100) se asignan a los países que se consideran menos corruptos. En la medición más reciente de este índice, Colombia obtuvo un puntaje de 39, valor que no ha cambiado significativamente en los últimos años y que ubica a nuestro país en una posición desfavorable frente a cómo es percibida internacionalmente.

La corrupción es un flagelo para cualquier país porque mina la inversión extranjera reduciendo la confianza en la realización de operaciones con empresas de los países que, como Colombia, tienen un mayor índice de percepción de la corrupción. Los inversionistas se inhiben de realizar negocios por no contar con garantías sobre el sistema de competencia en la economía.
De otra parte, la corrupción dificulta cualquier negociación ya que los controles para combatirla se convierten en una carga económica y de tiempo para los procesos de contratación en el país, lo que se evidencia en retrasos en obras de infraestructura clave para el desarrollo de determinados sectores.

Si bien Colombia ha logrado avances significativos en materia legislativa para combatir los orígenes y fuentes de este delito como son la Ley 1474 de 2011, más conocida como Estatuto Anticorrupción que está orientada a fortalecer la prevención, investigación y sanción de actos de corrupción en la gestión pública, o la Ley 1778 “Antisoborno” de 2016; aún nos queda un largo camino por recorrer de cara no solo a contrarrestar los efectos nocivos que genera este delito en nuestro país sino en la implantación de una cultura de prevención y autocontrol.
Por esto, es importante que todos, incluyendo las empresas, sin importar su tamaño, identifiquen su rol en la lucha anticorrupción, adaptando modelos que les permitan gestionar los riesgos de corrupción a los que se encuentran expuestas sus operaciones y que, consecuentemente, impulsen el desarrollo de los negocios en el país. De esta forma se incentiva la sana competencia manteniendo altos estándares de calidad en productos y servicios, y se genera una cultura de autocontrol que devuelve la confianza y enaltece la imagen del país.
A continuación, algunos consejos de utilidad para iniciar ese paso en la lucha contra la corrupción: 

• Diseñe e implemente programas de prevención y cumplimiento en su empresa que le permitan identificar y detectar oportunamente los riesgos de soborno y corrupción.
• Establezca canales de denuncia de irregularidades y protocolos de respuesta para atender dichos reportes de forma transparente y eficaz. 
• Sensibilice a sus colaboradores y aliados en la prevención y denuncia de este tipo de riesgos.
• Denuncie ante las autoridades pertinentes cualquier intento de soborno o corrupción.
• Aproveche todo el material que la Superintendencia de Sociedades ha puesto a disposición del público en su sitio web.